Reforma al Código de Tránsito de la Provincia

Prohibirían la instalación de “lomos de burros” en territorio bonaerense.

En muchas localidades son utilizados como "solución" para reducir la velocidad de los vehículos.

En la Cámara baja de la Provincia pretenden modificar el Código de Tránsito, para eliminar los denominadas “lomos de burros” y colocar en zonas problemáticas el sistema de reductor físico de velocidad denominado “meseta”.

Asimismo, el gobierno bonaerense deberá colocar, a una distancia de 300 metros, la señalización que indique la advertencia de ingreso a zona de reductores de velocidad, lugar donde se procederá a la correspondiente señalización mediante placas montadas sobre un pie, con el isotipo correspondiente sobre un fondo amarillo reflectante. En zonas urbanas  la señalización se establecerá con una anticipación de 50 metros, y una en correspondencia con la meseta.

El autor de la iniciativa, el diputado de la UCR, Aldo Mensi recordó que “por las diversas calles y rutas de la provincia de Buenos Aires, tanto los gobiernos municipales como el Ejecutivo provincial utilizaron los conocidos “lomos de burros” como elementos facilitadores para la reducción de velocidad de los conductores”.

“Lo cierto es que esas construcciones, de la más variada especie constructiva, son el elemento visible de un fracaso absoluto en la política educativa y preventiva en materia de seguridad vial”, indicó el legislador.

Seguidamente, el diputado expresó “la lógica del pensamiento que terminó inundando de “lomos de burro” es la de la fuerza bruta, cuando mayor sea el impacto del automóvil contra la construcción, mayor efectividad tendrá el mismo en la reducción de la velocidad de parte de los conductores. En resumen, el pensamiento de sustento es aprender a los golpes”.

Mensi aseveró que esta acción implementada por el gobierno “dista mucho de una adecuada política de educación y concientización profunda para mejorar el estilo y condición de manejo de nuestra sociedad”, ya que “esta grotesca barrera de material, no solo no cumple el objetivo de lograr un conductor más responsable y prudente por convicción, sino que es el elemento generador de múltiples accidentes, siendo en consecuencia el Estado provincial o los municipios, los responsables económicos de los daños provocados”, concluyó.

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