Alerta por el colapso en centros de atención de adictos

EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En un relevamiento realizado por Criticadigital recogió denuncias por falta de presupuesto, servicios básicos y personal especializado. El gobierno de Scioli admite falencias y promete soluciones.
Los Centros Provinciales de Adicciones (CPA) de la provincia de Buenos Aires están al borde del colapso. A la escasez de presupuesto para mantenerlos en correcto funcionamiento, se suma la falta de profesionales especializados en recuperación de adictos y un paro activo de los trabajadores de los centros que lleva casi dos meses. La Subsecretaría de Atención a las Adicciones atribuye la problemática a la “transición” por el reciente cambio de autoridades en esa área.

Los reclamos de los empleados son coincidentes en varios de los CPA del Conurbano. Claudia Saavedra trabaja en la Subsecretaría que depende del Ministerio de Salud provincial y es delegada del gremio de estatales ATE. En diálogo con Criticadigital, Saavedra anticipó lo delicado de la situación: “Siempre han sido la última prioridad para el Estado, esto viene de arrastre por falta de financiamiento desde hace tres años. La subsecretaria anterior se fue en medio de un conflicto que se desató por el hartazgo de los trabajadores ante la falta de respuestas”.

En el territorio bonaerense funcionan cerca de 180 servicios que cubren casi la totalidad de los distritos, compuestos por 134 municipios y divididos en 12 regiones sanitarias. Hasta éstas salas llegan más de 12.000 personas por mes en busca de asistencia. Sin embargo, las graves denuncias de los trabajadores revelan la crisis que atraviesan.

En la lista de falencias figuran la falta de servicios básicos como el teléfono. Hay CPA que no tienen línea por falta de pago y no pueden atender los llamados de personas con problemas de adicción que quieren pedir auxilio médico. “Es el medio por el cual los pacientes llegan al centro, sin teléfono no podemos ayudar”, confiaron desde el CPA de Tres de Febrero, trabajadores con más de dos años de antigüedad a este medio.

Sobre algunos centros pesan pedidos de desalojo porque el gobierno provincial no cumplió con el pago de los alquileres de los locales y predios. Como en otros hospitales públicos del país, los problemas edilicios están a la orden de día. Los trabajadores de ATE aseguran que hay instalaciones de luz, gas y agua que necesitan ser reparadas, y sin esos servicios se dificulta la actividad. Además, comentaron que en muchas ocasiones les pagan tarjetas de teléfono a los pacientes ambulatorios con “su propio dinero” para no perder el contacto y seguir el tratamiento. También aseguran que costean los desayunos o almuerzos de los pacientes, muchos de ellos en situación de calle.

En el caso de las internaciones, expresaron tener obstáculos para conseguir camas porque la Provincia no cumple con los pagos a los nosocomios que aceptan a los pacientes derivados por los CPA. Según los estatales, para las empresas de salud o clínicas privadas es más redituable trabajar con el Gobierno nacional.

A los CPA llegan personas en riesgo. La mayoría vienen de hogares pobres, desplazados, generalmente sin contención familiar ni trabajo estable y son adictos a la pasta base, el paco, la cocaína, el alcohol, la marihuana o el pegamento.

LA PROVINCIA ADMITE ERRORES. Desde la Subsecretaría de Adicciones admitieron que “en algunos establecimientos se originaron problemas por falta de insumos y de herramientas” y justificaron la situación en un desplazamiento de la anterior jefa del área, María Graciela García.

“Estamos en etapa de transición”, dijeron fuentes oficiales a Criticadigital. El nuevo responsable a cargo es el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Javier Goñi. El viernes pasado, Goñi visitó el Centro de Atención Pueblo de la Paz de Lomas de Zamora y dio su versión. “Había escasez de insumos, de elementos, pero el gran problema era la falta de comunicación”, sostuvo.

La semana pasada los profesionales se declararon en estado de asamblea permanente y resolvieron levantar las medidas de fuerza para escuchar propuestas. “Estamos atendiendo con los mecanismos de emergencia y de derivación, hasta que se restablezca la situación”, afirmó el funcionario, al reconocer la problemática.

Los empleados en conflicto también reclaman que se reconozca su labor como trabajo de riesgo, ya que deben lidiar con adictos y sus entornos en barrios marginales. Además denuncian que el servicio de asistencia medica no cubre a los empleados ni a las personas que frecuentan las instalaciones del CPA, como familiares y amigos de los pacientes.

Otro de los pedidos apunta a la falta de personal especializado para atender la gran demanda de enfermos. En el centro Matanza-González Catán, reportan cinco sicólogos y un psiquiatra -que asiste una vez a la semana- junto a dos secretarias y una persona que realiza tareas de maestranza. La mayoría prestan servicio desde hace diez años. “No damos abasto”, advierten con pedido de reserva de identidad.

En el centro de Avellaneda también adhirieron al paro durante casi dos meses. Allí denuncian que el personal que renunció a sus tareas no fue reemplazado y que eso produce una sobrecarga de trabajo para los que siguen luchando en la recuperación de drogadictos.

El CPA de Lomas de Zamora tiene a su cargo todo el cordón de villas de emergencias cercanas. Según relataron a Críticadigital, hace cuatro días ingresó un joven que recibió como diagnóstico una inminente internación. Sin embargo, no se le pudo dar respuesta. “Por los inconvenientes que existen con los sanatorios se le sugirió a los especialistas incluirlo en la lista de espera”, expresó uno de los empleados administrativos. La espera es de al menos 30 días, el tiempo justo para regularizar las deudas y pagar por las internaciones.

Juan Pablo Álvarez, vocero del departamento de prensa y difusión de la Subsecretaría, dijo que Goñi mantiene reuniones con las diferentes secciones de Salud para intentar buscar una salida al conflicto.

Para Saavedra los CPA están lejos de salir de la escenario de riesgo “Este es un problema de salud, no es solo un tema social, es una patología que tiene incidencia en lo social, pero tiene que ser visto como una patología. Nosotros no queremos que nuestro trabajo se encuadre dentro de la lucha contra el narcotráfico, el adicto necesita ayuda sanitaria ya”, concluyó.
Fuente: Critica Digital