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Qué raro lo de Darío Giustozzi...

Qué raro lo de Darío Giustozzi...

Frente Renovador y Kirchnerismo, dos caras de la misma moneda? No tan distintos diría el desaparecido Luca Prodan.

En horas más, Darío Giustozzi, diputado nacional a cargo del bloque del Frente Renovador, expondrá oficialmente su proyecto de ley para regular la protesta social. No se entiende muy bien por qué Giustozzi y el Frente Renovador pretenden darle a Cristina Fernández de Kirchner una herramienta que no se la concedió el Frente para la Victoria. Tampoco se comprende por qué el Frente Renovador pretende quitar de la calle la protesta ante el fuerte ajuste iniciado por la política económica de Cristina Fernández de Kirchner. Ajuste que no ha culminado ya que continuan los aumentos.

El diputado nacional Darío Giustozzi (Frente Renovador-Buenos Aires), presentará un proyecto que contempla el "derecho a la petición social", que no puede realizarse de cualquier forma, en cualquier lugar ni a cualquier hora, explica el ex alcalde de Almirante Brown (Gran Buenos Aires).

 
Giustozzi salió al rescate de Cristina Fernández de Kirchner, ya que ella fue la que solicitó ese proyecto de ley, que todavía no se lo concedió el Frente para la Victoria.
 
La clave del proyecto de Giustozzi consiste en definir los lugares para ejercer el reclamo.
 
El proyecto del Frente Renovador, de convertirse en ley, le concederá a Cristina una herramienta para ordenar la ola que crece de protestas sociales y otras formas de descontento por las consecuencias del ajuste económico.
 
De acuerdo a la propuesta legislativa, quienes realicen marchas, cortes, piquetes o alguna otra forma de protesta que no se adapte a la normativa serán sancionados con trabajos comunitarios o multas equivalentes a entre 1 y 3 salarios mínimos si la vía bloqueada es una calle, y entre 3 y 5 en caso de avenidas y autopistas.
 
De aprobarse, el proyecto contempla otorgar 120 días para que el Poder Ejecutivo Nacional defina los espacios públicos en que sí podrán realizarse las protestas. Como mínimo, deberá haber 4 lugares para la jurisdicción federal, 4 en cada provincia y la Ciudad y 3 en cada municipio.

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