Ex presos políticos de la Dictadura recibirán una pensión de $ 1.900
EN MENDOZA
Fue aprobada por la legislatura de Mendoza y beneficiará –en principio- a más de 400 detenidos por razones políticas durante la última dictadura militar. Aunque la cifra podrá ampliarse tras la realización de un nuevo registro. Recibirán $ 1.900 por mes.
Al igual que Buenos Aires, la provincia de Mendoza otorgará una pensión vitalicia a los ex presos políticos de la última dictadura militar.
Mediante la ley que este miércoles (04/01) aprobó el legislativo mendocino, se establece un pago mensual vitalicio para los hombres y mujeres que en su condición de civiles fueron presos políticos durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
El proyecto fue impulsado por el diputado Alejandro Viadana (PJ), quien señaló que "nuestra provincia va a ser la segunda en el país que tiene un beneficio a quienes fueron presos por la última dictadura y con el apoyo del gobierno provincial van a poder cobrar un resarcimiento por esta situación injusta".
La ley incluye a quienes entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido condenados "por Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o privados de libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, haya habido o no sentencia condenatoria en su contra".
El beneficio también se otorgará a quienes, por causas políticas, hayan sido privados de la libertad por orden de tribunales ordinarios en virtud de la aplicación de las Leyes 20.642, 20840 y 21338 y de cualquier otra ley, decreto o resolución dictados con similares finalidades.
La normativa aclara en ese sentido que "no se tomará en consideración para el otorgamiento de este beneficio el tiempo de detención" y que "el derecho a reclamar el beneficio es imprescriptible y se otorgará desde la fecha de su solicitud".
El beneficio equivale a una clase 10 del escalafón del empleado público, lo que representan unos $ 1.900 pero que en algunos casos específicos podría elevarse.
Para poder acceder a la pensión, los ex presos políticos deberán haber tenido domicilio real en la provincia de Mendoza al momento de haber sido privados de la libertad, en tanto que no podrán recibirlo quienes resulten beneficiarios de alguna prestación mensual o pensión, de origen nacional, provincial o municipal, derivada de la misma situación.
"Hoy por hoy tenemos un registro de 400, 430" ex presos políticos, pero "ahora hay que hacer un registro nuevo que es lo que indica la ley", destacó el legislador.
En la provincia de Buenos Aires, en mayo pasado se conoció que la entrega de pensiones graciables a ex presos políticos alcanzó a 1.602 personas.
La Secretaría de Derechos Humanos provincial, estima que de los 3500 bonaerenses que fueron víctimas del terrorismo de estado, casi la mitad ya reciben asistencia por parte del gobierno provincial. Entre ellos, hay hijos de ex detenidos que al momento de la aprehensión quedaron a cargo de familiares o amigos de sus padres.
Pero además de los detenidos de la Dictadura, Buenos Aires reconoce y otorga una pensión a las victimas del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado, puesto en marcha durante el Gobierno de Arturo Frondizi). El beneficio surge de la Ley 14.042, promulgada en octubre de 2009 por el gobernador Daniel Scioli.
Mediante la ley que este miércoles (04/01) aprobó el legislativo mendocino, se establece un pago mensual vitalicio para los hombres y mujeres que en su condición de civiles fueron presos políticos durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
El proyecto fue impulsado por el diputado Alejandro Viadana (PJ), quien señaló que "nuestra provincia va a ser la segunda en el país que tiene un beneficio a quienes fueron presos por la última dictadura y con el apoyo del gobierno provincial van a poder cobrar un resarcimiento por esta situación injusta".
La ley incluye a quienes entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido condenados "por Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o privados de libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, haya habido o no sentencia condenatoria en su contra".
El beneficio también se otorgará a quienes, por causas políticas, hayan sido privados de la libertad por orden de tribunales ordinarios en virtud de la aplicación de las Leyes 20.642, 20840 y 21338 y de cualquier otra ley, decreto o resolución dictados con similares finalidades.
La normativa aclara en ese sentido que "no se tomará en consideración para el otorgamiento de este beneficio el tiempo de detención" y que "el derecho a reclamar el beneficio es imprescriptible y se otorgará desde la fecha de su solicitud".
El beneficio equivale a una clase 10 del escalafón del empleado público, lo que representan unos $ 1.900 pero que en algunos casos específicos podría elevarse.
Para poder acceder a la pensión, los ex presos políticos deberán haber tenido domicilio real en la provincia de Mendoza al momento de haber sido privados de la libertad, en tanto que no podrán recibirlo quienes resulten beneficiarios de alguna prestación mensual o pensión, de origen nacional, provincial o municipal, derivada de la misma situación.
"Hoy por hoy tenemos un registro de 400, 430" ex presos políticos, pero "ahora hay que hacer un registro nuevo que es lo que indica la ley", destacó el legislador.
En la provincia de Buenos Aires, en mayo pasado se conoció que la entrega de pensiones graciables a ex presos políticos alcanzó a 1.602 personas.
La Secretaría de Derechos Humanos provincial, estima que de los 3500 bonaerenses que fueron víctimas del terrorismo de estado, casi la mitad ya reciben asistencia por parte del gobierno provincial. Entre ellos, hay hijos de ex detenidos que al momento de la aprehensión quedaron a cargo de familiares o amigos de sus padres.
Pero además de los detenidos de la Dictadura, Buenos Aires reconoce y otorga una pensión a las victimas del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado, puesto en marcha durante el Gobierno de Arturo Frondizi). El beneficio surge de la Ley 14.042, promulgada en octubre de 2009 por el gobernador Daniel Scioli.
Fuente: Urgente 24
Que bueno sería que las abuelas y abuelos civiles de todo el país que no tuvieron actividad política y/o gremial, y habiendo enviudado puedan cobrar también pensiones de un piso de $ 1.900, como los de este proyecto. Hay numerosos casos en los cuales sus parejas han aportado toda su vida, y en los momentos mas difíciles de la vida, cuando pierden a su ser querido perciben una paupérrima pensión.
Si ello no ocurre, entre otras cosas, estará más que claro que no somos todos iguales los argentinos... Además de mirar hacia atrás para no caer en los mismos errores, debemos mirar el hoy para solucionar lo urgente, y el futuro para una Argentina en Paz y con una verdadera igualdad de oportunidades y redistribución.
Info Stroeder
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