Hacete amigo del juez

 

En septiembre de 2004, un magistrado subrogante sobreseyó a Felipe Solá en una causa
en la que se lo investigaba por enriquecimiento a partir de la entrega de licencias pesqueras. Hoy, el ex gobernador tiene cientos de hectáreas en cuatro establecimientos rurales.

Por Daniel Olivera
Periodista

Se necesita, tal como lo sostiene la defensa, que se haya conocido, aun con meras indicaciones en forma previa, el patrimonio del imputado, el que, cotejado con el existente a lo largo o al final de su gestión, implicara un excesivo incremento con respecto a sus ganancias o a su sueldo. Tan elocuente resulta este requisito que la doctrina y la jurisprudencia se debaten en torno de si ‘el debido requerimiento’ constituye una condición objetiva de punibilidad o una mera condición de procedibilidad.”
“Nada de ello se ha acreditado ni siquiera mínimamente en este expediente, lo que obsta a la procedencia de cualquier investigación a su respecto. La mera invocación de una suerte de enriquecimiento sin que se indique, aunque más no sea el estado patrimonial anterior y/o posterior, no puede servir de sustento serio a una investigación de esta naturaleza.”
“Careciendo pues, este expediente, de elementos concretos que permitan presumir un avance patrimonial y en su caso que el mismo sea injustificado, la atribución que de tal hecho se formula al ingeniero Solá no puede sostenerse válidamente en el tiempo procesal de estas actuaciones.”
“Por todo lo expuesto, a criterio del suscripto, no es posible seguir investigando como tampoco existe mérito suficiente para mantener la primigenia imputación acerca de la relevancia jurídico- penal de los hechos que integran el objeto procesal de estas actuaciones respecto de todas las personas oportunamente sindicadas en los diferentes requerimientos de instrucción formulados por los representantes del ministerio público fiscal.”
“Por las razones expresadas y además, con el criterio jurisprudencial definido por la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata (‘Echeverría’ n 3000/00, incidente de nulidad promovido por José Lagorio c.n. 2899 y Seccional IV reg. 3590, entre otros), reclamado expresamente por el planteo defensista de fs. 2175/75 vta. Respecto de Felipe Solá y a fs. 2176/93 respecto de María López Outeda, atento a que la totalidad de las personas mencionadas en el apartado IV han sido objeto de especial indicación acusatoria no corresponde aquí la desestimación de la denuncia, sino el sobreseimiento definitivo a su respecto, haciéndose la declaración de que la formación de la presente en nada afecta el buen nombre y honor de que pudieran gozar los mismos.”
“Por todo ello, de conformidad con los previsto por los artículos 334, 335, 336 inc. 1 (interpretación analógica in bonam partem) 3, última parte y ccdtes. Del C. P. P. N., RESUELVO: Sobreseer en la presente causa respecto de Felipe Solá (N. de R.: en la lista de sobreseídos acompañan a Solá 39 funcionarios o ex funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, algunos de reconocida notoriedad como Marcelo Regúnaga o Diego Guelar) en orden a la presenta comisión de los delitos de abuso de autoridad y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público que le fueron atribuidos en los requerimientos fiscales (….)”.
El 29 de septiembre de 2004 el juez subrogante del juzgado Federal de Mar del Plata, Facundo Caparelli, cerró con su firma, a última hora del último día de su permanencia en ese juzgado, la causa 2.751 caratulada Maturana   s/denuncia, un expediente que acumuló diez cuerpos durante más de cinco años y que podía haber llevado a la cárcel a casi cuatro decenas de funcionarios de la Secretaría de Ganadería y Agricultura y Pesca durante la gestión de Carlos Menem, con Solá a la cabeza y Menem como su jefe político, por la responsabilidad que tuvieron en el otorgamiento indiscriminado y abusivo de permisos de pesca, la precarización del sector pesquero y el incumplimiento de las leyes nacionales de pesca.
¿Qué fuerzas poderosas llevaron a Caparelli a estampar su firma con el sobreseimiento de Solá y otros 39 imputados, justo a última hora del último día de su gestión como subrogante en el Juzgado Federal número 3 de Mar del Plata? La incógnita duró menos de veinticuatro horas, ya que en la mañana del 30 de septiembre de 2004 se conoció la postulación del Dr. Facundo Caparelli en una terna promovida por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires para el cargo de juez penal provincial. ¿Y quién era el promotor del ascenso de Caparelli? El principal favorecido con el fallo del día anterior, Felipe Solá, por entonces gobernador bonaerense.
El escándalo se asomó a las puertas de la Gobernación. El mismo juez que el 29 de septiembre lo sobreseyó, el 30 era promovido con un ascenso a juez penal provincial. Un grupo de diputados del ARI pidió el inmediato juicio político a Solá por “presunta connivencia” y la entonces diputada nacional Marta Maffei   avanzó un paso más dijo que “Solá tendría con Caparelli una relación de prestación y contraprestación de favores”. También calificó el fallo del juez como “una vergüenza” y “absolutamente endeble porque se trata de una causa en concurso real, y por lo menos debe ser efectiva por diez años”. La causa había sido abierta en 1999, ya en el final del mandato de Menem y cuando el festival de permisos de pesca era casi de dominio público.
En los diez cuerpos del expediente que el juez Caparelli desestimó, hay evidencias ostensibles de irregularidades. Así por ejemplo:
• En diciembre de 1994, con Felipe Solá como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Argentina “menemista” firmó un acuerdo con la Unión Europea por cinco años y renovable automáticamente por dos, que inició un virulento proceso de devastación y depredación de los recursos pesqueros en el Mar Argentino.
• Tan fuerte es el interés de la Unión Europea por la pesca en el Mar Argentino, que impulsa subsidios por 300 millones de dólares, ya que los principales caladeros de Europa presentaban una fuerte devastación. Si se tiene en cuenta que los buques pesqueros arrojan al mar 50 toneladas por día de pescado apto para el consumo humano, en 30 días podrían alimentarse 5 millones de personas.
• Ya en 1995, a un año de la puesta en vigencia del acuerdo de cooperación pesquera de la Argentina con la Unión Europea, la sobrepesca ya pasó a ser gravísimo problema. Por ejemplo, la merluza superó en un 44 por ciento a la captura máxima permisible (unas 398.000 toneladas)
• También se pueden constatar masivas triangulaciones de permisos de pesca en abierta violación a las leyes 24.315 y 24.922; empresas “piratas” que pescaban ilegalmente especies para las que no estaban autorizadas y cometieron toda clase de tropelías; buques “cedentes”, que siguieron pescando sin haber sido dados de baja como estaba previsto según la ley; maniobras de transferencias de permisos de pesca de buques de menor porte a otros de mayor calado y buques congeladores que aparecen convertidos en “fresqueros”.
• Para 1996, la merluza Hubbsi representó el 81% de las capturas, un 48% más que la captura máxima permitida. Ese mismo año, Solá firma otra polémica resolución por la cual se autoriza a personal extranjero para ocupar puestos de trabajo en buques nacionales, en flagrante violación a lo dispuesto por la Ley Federal de Pesca, que disponía que el 75% del personal arriba de un barco debía ser de nacionalidad argentina.
• Para 1997, Solá aumenta en 97.000 toneladas las posibilidades de captura y, mediante argucias legales, 16 de los 25 barcos que debían darse de baja siguieron con su actividad depredadora en el mar argentino.
Toda esta documentación, avalada por informes de la Sigen, la AGN y la UBA, fue ignorada de plano por el juez Caparelli. Así también, el dato de que tres buques (el Barcalá I, el San Jorge Mártir, y el San Andrés Apóstol) estaban directamente vinculados –a través de testaferros– con Felipe Solá.
Pero si se vuelve a la escandalosa resolución que terminó en cinco minutos con cinco años y medio de pruebas, se puede encontrar una línea argumental muy interesante. El juez sostiene que en la causa contra Solá (y los otros 39 imputados) “no se ha podido conocer que su patrimonio, cotejado con el existente a lo largo o al final de su gestión (N. de R.: se supone que en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del menemismo), implicara un excesivo incremento con relación a sus ganancias o a su sueldo”.
Eso significa, que para el juez Caparelli los sueldos como ministro durante 1991-1996 y 1998-1999, y como gobernador entre 2001 y 2007, le permitieron concretar inversiones que no figuraron en sus sucesivas declaraciones de bienes, como:
• El campo de catorce hectáreas, ubicado en la ruta 28, km 7,5, en el final de la calle Gonzalo Tanoira, en General Rodríguez, con un valor de mercado 2.800.000 dólares, a razón de 20 dólares el metro cuadrado. El campo cuenta con una cancha de polo y la posibilidad de aterrizar en helicóptero. La titularidad de la “casa de campo” sería de una sociedad de hecho integrada por el polista Gonzalo Pieres, Carlos de Narváez (hermano del diputado nacional), José Chediack y María Helena Chávez, la tercera esposa de Solá. La misma propiedad donde vive en la actualidad el matrimonio Solá, figura como domicilio del Club del Polo Pilar Chico S. R. L. y de La Ellerstina S. A., conformando una zona superexclusiva para las inversiones inmobiliarias vinculadas a clubhouse de polo.
• La propiedad rural denominada “La Chacra” en la localidad bonaerense de Ugarte, ubicada sobre la ruta 51 –que une la localidad de 25 de Mayo con la ruta 5– y donde vive una parte de su familia materna. El casco de la estancia   tiene seis viviendas y se puede ver desde la ruta 51.
• La estancia “Las Artes” en la localidad de Mercedes.
• El campo “Las Marías”, en Cañuelas, también en una zona de fuerte impulso inmobiliario en los últimos quince años por el desarrollo de clubes de polo.
• También a nombre de Solá figuran tres vehículos: un Subaru Senda, 4 puertas; un Toyota Hilux 4x4; y un Toyota Corolla Fielder XEI rural 5 puertas. Además de reconocer la propiedad de una casa antigua en el barrio porteño de Balvanera, donde tiene instalada su oficina política.
Un incremento patrimonial sorprendente, aun para su ex esposa, Teresa González Fernández, con la que convivió durante dieciocho años (desde 1985 hasta 2004) en un departamento en la Recoleta.
¿Podría afirmar con tanta contundencia hoy el juez Caparelli que no es posible advertir cambios patrimoniales que ameriten seguir investigando a Felipe Solá? La respuesta es tan obvia como la afirmación de que el festival de otorgamiento de licencias de pesca en los 90 terminaron por depredar la fauna ictícola del Mar Argentino. Tan evidente como la tranquilidad con la que este verano fumaba puros, otorgaba entrevistas y disfrutaba de la compañía de su bella esposa en el exclusivo spa de Mar Las Dunas, en Punta del Este, a 1.100 dólares la noche. 

Fuente: El Argentino