Boudougate: Hoy inician Plan C y preparan el D y el E...

por CLAUDIO M. CHIARUTTIN

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Sin Saco y Sin Corbata). Cristina Fernández resolvió que el escándalo Ciccone escalara hasta convertirse en un problema institucional. Prefiere una pobre defensa del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en conferencia de prensa en medio de un feriado largo (para “gastar” el tema en los medios, encolumnar al oficialismo detrás de su figura y encuadran el caso en la pelea con el Grupo Clarín antes que permitir el goteo constante de información judicial.

 

Tal es la voluntad de la Casa Rosada que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien atinó en primer momento a defender al juez federal Daniel Rafecas, 24 horas más tarde, debió llamar a una improvisada conferencia de prensa en donde no dijo nada nuevo de un caso de drogas, pero expresó su solidaridad con el desventurado funcionario investigado.

 

La decisión de la Presidente de la Nación no se tomó por las sucesivas publicaciones de Clarín y La Nación sobre el escándalo Ciccone, los que fueron ignorados prolija y puntillosamente por la Casa Rosada, sino cuando el juez federal Daniel Rafecas demostró que no tiene intención de abandonar o desviar la investigación. Recién entonces, el caso pasó de una simple batalla mediática a configurarse en una cuestión institucional.

 

El allanamiento al departamento propiedad del ex ministro de Economía y su repercusión mediática fue la confirmación para el gobierno de que las gestiones de “buena voluntad” que encararon operadores judiciales hacia el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rivolo habían fracasado y que la causa seguirá su curso.

 

Ahora vienen el “Plan C” y el “Plan D” para licuar el escándalo Ciccone. 

 

El “Plan A” fue ignorar el caso. 

 

El “Plan B”, abrir un flanco en la provincia de Buenos Aires impulsando una investigación de las relaciones entre Daniel Scioli y la empresa Boldt. 

 

Ahora, el “Plan C” busca embarrar la causa en la Justicia (y de ser posible, cambiar el juez y el fiscal que la investigan) y el “Plan D” es banalizar el escándalo a una de las “tantas” (según el gobierno) denuncias que realizan medios opositores contra funcionarios que no llegan a nada. 

 

La duda es: ¿será necesario un “Plan E”? ¿Alcanzará el abecedario?

 

Minimizar, desplazar, exagerar son los 3 ejes elegidos por la Casa Rosada para responder al escándalo Ciccone. 

 

Investigar, aclarar, explicar, son opciones han sido dejados de lado por el gobierno. 

 

Los funcionarios saben que la oposición no tiene fuerza en el Congreso para poner en funcionamiento la Comisión de Juicio Político y, menos, de obtener una votación a favor de un trámite en este sentido contra el vicepresidente de la Nación. 

 

Así, el entorno presidencial, cree que todo el tema se diluirá en pocas semanas.

 

Cristina Fernández tiene otros problemas que afrontar, además de las “travesuras millonarias” de Amado Boudou. 

 

En su mayor maniobra política, realizada con sigilo, sin grandes titulares en los medios, la avanzada contra Hugo Moyano gana espacio, como se demostró en la reunión de "los Gordos” con gremios cercanos a la Casa Rosada, y la aparición sorpresiva del gastronómico Luis Barrionuevo, lo que rompió la ventaja en el “poroteo” (recuento de votos) que tenía el camionero.

 

En fuentes sindicales se sostiene que no sería ajeno al cambio de posición del gastronómico el giro de fondos retrasados a la obra social del gremio por parte de la Administración de Programas Especiales (APE), ahora controlado por la dirigente ultrakirchnerista Beatriz Liliana Korenfeld, de cuestionado paso por la función pública en Santa Cruz.

 

Desde que Cristina Fernández pasó el organismos que compensa a las obras sociales por los gastos que tienen en tratamientos de enfermedades de alta complejidad y crónicas a la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud se sabía que su caja sería utilizada para digitar la votación para elegirá al futuro secretario general de la Confederación General de Trabajo, al reemplazante del camionero.

 

Hugo Moyano siempre esquivó las invitaciones que Luis Barrionuevo le hizo de diálogo en los últimos cuatro años. La cercanía del camionero a Néstor Kirchner y del gastronómico a Eduardo Duhalde no hacía más que ahondar las diferencias que nacieron cuando se rompió la CGT y nació la CGT Celeste y Blanca. Se profundizaron en las elecciones del 2009, cuando Francisco de Narváez derrotó al santacruceño en la provincia de Buenos Aires. Ahora, necesitar de sus votos para retener el cargo, ponen al titular del Sindicato de Choferes de Camiones en una posición incómoda, débil, deudora, algo a lo que no está acostumbrado.

 

Por eso, desafiado por las maniobras de la Casa Rosada, Hugo Moyano amenaza con realizar una movilización el 01/05 a Plaza de Mayo y reunir a 200.000 personas. Hoy, esa cifra se muestra lejos de poder concretarse y sería la invasión de un espacio político que el gobierno considera como propio. Pero si no hace una demostración mayor de fuerzas, sus posibilidades de reelección son limitadas.

 

Los lazos entre el gobierno y Hugo Moyano terminaron de romperse esta semana, cuando renunció el último delegado del camionero en la función pública. Jorge González, el subsecretario de Transporte Automotor, en protesta a una reducción de un subsidio que Néstor Kirchner le regaló en 2003que convirtió Camioneros en un gremio poderoso: la devolución de aportes patronales para las empresas que tengan contratados incorporados en el convenio del Sichoca, lo que eliminar un elemento que le permitió “robar” afiliados a otras agrupaciones legales con sueldos más bajos.

 

Cuando faltan menos de 100 días para la votación de Secretario General de la CGT, Hugo Moyano sigue siendo el único candidato declarado y todos los que se postularon retiraron su nominación o la condicionaron a una elección consensuada, algo que, por ahora, no está previsto.

 

Un 3er. flanco débil que asoma en el horizonte político de Cristina Fernández surge de los problemas de caja que tienen los gobernadores de las provincias más grandes que han tenido que recurrir a los mercados de capitales para poder cubrir parte de los faltantes que hay en sus cuentas.

 

Si sumamos los reclamos de Córdoba, Santa Fe, San Luis, Corrientes y La Pampa, todas provincias no kirchneristas, alcanza a $ 20.000 millones; la capital federal exige $ 2.000 millones para hacerse cargo de subtes, colectivos y premetro; Buenos Aires tiene un bache fiscal de casi $ 11.000 millones y la lista crece.

 

En lo que va del año, las provincias han colocado más de $ 8.000 millones en bonos y letras (tanto en pesos como en dólares), de corta, mediana y larga duración. 

 

Sin embargo, todavía están lejos de cubrir el déficit fiscal esperado para este ejercicio: US$ 18.000 millones.

 

Las provincias ven como la Nación puede emitir un bono por US$ 3.500 millones, se lo vende compulsivamente a la Anses y pública el decreto 4 meses más tardea, tiempo que votan a favor la libre disponibilidad de las reservas del Banco Central en el Congreso, mientras que la Casa Rosada le gira fondos a cuentagotas. 

 

¿Cuánto tiempo más puede durar este desproporcionado reparto de recursos?

 

El gobierno siempre puede enviar fondos, pero nada es gratis. Las exigencias son crecientes y cada una implica tener que ceder un espacio de poder.

 

¿Por qué las provincias no acercan a la Casa Rosada sus pedidos? 

 

Algunas intentan postergar este mal trago hasta último momento. Otras no quieren ceder más capacidad de maniobra en sus propios distritos. 

 

Además, en 2013, todos deberán pasar por el Ejecutivo para financiar las elecciones legislativas, lo que implica una nueva reducción de sus facultades, capacidades de maniobras o estructuras. Por eso, mientras tanto, se incuba una crisis.

 

Nacionalismo

 

En este marco, a casi seis meses del triunfo electoral, Cristina Fernández necesita recuperar la iniciativa política y volver a subir en las encuestas. 

 

El abuso del aniversario de la Guerra de las Malvinas logró, según las investigaciones demoscópicas oficiales, más de 75% de apoyo, pero no ayudaron a mejorar la opinión en la gestión presidencial. Entonces, la nacionalización de YPF se convierte en la segunda “causa nacional”.

 

Hay que reconocerlo, en la política argentina, recurrir al nacionalismo siempre paga bien. Leopoldo Fortunato Galtieri intento de perpetuarse en el poder con Malvinas, Ricardo Alfonsín usó el Canal de Beagle, Carlos Saúl Menem cuando nos calificó de “primer mundo”; y el matrimonio Kirchner lo han probado en una docena de oportunidades desde que crearon los “fondos buitres” y el “desfinanciamiento” del Fondo Monetario Internacional.

 

El Frente Nacional de la Soberanía Energética reclama la estatización de YPF para “profundizar el modelo”. 

 

Sin embargo, ni Carta Abierta, ni la Central de Trabajadores Argentinos de Hugo Yasky, ni el Movimiento Evita, ni el Frente Transversal, ni el partido de Martín Sabbattella, que lo componen, saben decir de dónde saldrán los US$ 3.000 millones anuales, a lo largo de 10 años, necesarios para invertir en exploración y explotación de gas y petróleo o cómo aumentar la producción de combustibles. Tampoco son capaces de decir qué precio tendrían o qué sueldos pagarían a los trabajadores del rubro, hoy, los más altos en la Argentina.

 

Conceptos vacíos como “soberanía alimentaria” hicieron desaparecer 10 millones de cabezas de ganado. Por “soberanía económica” le pagamos al FMI un total de US$ 9.700 millones en efectivo. Por “soberanía cultural” el secretario de Cultura, Jorge Coscia, reconoció que hay kirchneristas que quieren censurar libros y publicaciones. 

 

Por “soberanía” estatizamos Aerolíneas Argentinas, que ya nos costó US$ 2.300 millones. ¿Qué otros disparates será capaz el gobierno de hacer usando el concepto “soberanía”?

 

Semana Santa acabó. Mientras en una docena de municipios siguen faltando luz y en la noche hay saqueos y piquetes que cortan avenidas y rutas; Cristina Fernández analiza sus pasos futuros. Tal como ocurre cada vez que el kirchnerismo está en una encrucijada, arremete contra un enemigo elegido. YPF es una víctima propiciatoria, pero los efectos de una nacionalización son impredecibles.

 

Y, lo peor, es que el caso Ciccone, aún seguirá manchando al vicepresidente de la Nación y que Amado Boudou seguirá sin tener explicaciones ante el escándalo.

Fuente: Urgente 24