Cristina les ofrece a los gremios $ 3.500 millones a cambio de que acepten el liderazgo de Moyano

 

El Gobierno compra la unidad de la CGT

El Poder Ejecutivo les otorgará a los sindicatos el control del Fondo Solidario de Redistribución si los Gordos y los “independientes” vuelven a la mesa de conducción del jefe de los camioneros. No parece ser muy importante los incumplimientos y desvíos de fondos recibidos anteriormente.

El Gobierno impulsará la reunificación de la CGT con un argumento de peso: ofrecerá cederles a los sindicatos un fondo de 3.500 millones de pesos a cambio de allanarse al liderazgo de Hugo Moyano y de apoyo político hasta las elecciones de 2011. La presidenta Cristina Fernández buscará de este modo recostarse en el sindicalismo ortodoxo para recuperar el protagonismo político perdido luego de la derrota electoral del 28 de junio pasado.

El operativo en marcha dará sus primeros pasos en febrero. Durante los primeros días del mes, Moyano convocará a una
reunión del Consejo Directivo de la CGT, y a mediados de mes se sentará a la mesa a los sectores internos que se le oponen: los Gordos, como Armando Cavalieri (Comercio) y Oscar Lescano (Luz y Fuerza), y los “independientes” Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA).

Los planes de Cristina y Néstor Kirchner incluyen una tregua entre los jefes sindicales para garantizarles respaldo durante la segunda mitad del mandato de la jefa de Estado, y la eventual concreción del demorado acuerdo social con las cámaras empresarias. De este modo, el matrimonio gobernante imagina que podrá saltear a gobernadores y legisladores díscolos y retomar la iniciativa.

Los sindicalistas, sin distinción, reconocieron que la prenda de cambio para encolumnarse será la firma de un decreto presidencial que les dará el control del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), compuesto por aportes de las obras sociales sindicales y que a fin de año acumuló un excedente de 3.500 millones de pesos. Ese fondo, depositado en una cuenta del Banco Nación –de momento inaccesible para los gremios y el propio Gobierno–, se convirtió en la principal demanda sindical de los últimos años.

Como publicó este diario en noviembre pasado, Cristina ordenó la elaboración de un borrador de decreto para instrumentar la devolución de esos recursos a las obras sociales sindicales.

El escándalo judicial por la denominada “mafia de los medicamentos”, que encarceló al bancario Juan José Zanola y puso en la mira a varios sindicatos, le puso un primer freno a la iniciativa.

Mientras que el conflicto entre el Gobierno y el presidente del Banco Central, Martín Redrado, por el uso de las reservas, dejó el proyecto en el congelador.

Sin embargo, la presunción del Ejecutivo acerca de que tarde o temprano podrá echar mano de las reservas de la autoridad monetaria reanudó las gestiones entre funcionarios y dirigentes sindicales. En los últimos días, desde varios ministerios salió el mensaje a los gremialistas de que una tregua en la CGT destrabará el FSR.

El fondo se compone de una porción de lo recaudado por las obras sociales y tiene como destino compensar la cobertura de dolencias complejas a través de la Administración de Programas Especiales (APE), un órgano manejado por Daniel Colombo Russell, hasta hace pocos meses abogado de Moyano.

Pero el presupuesto de la APE, que en 2009 fue de $ 968 millones y que este año ascenderá a 1.050 millones de pesos, está lejos de agotar el Fondo Solidario. Sobre este punto se focalizan las demandas permanentes de la CGT, que exigen el control de los recursos.

La puja por ese fondo tendrá en los próximos días varios escenarios, además de las reuniones del Consejo Directivo y de la denominada “mesa chica”. El jueves 11 de febrero Moyano volverá a mostrarse junto a Cristina y Néstor Kirchner. Será en un acto por la inauguración de la nueva sede del sindicato de taxistas, que lidera Omar Viviani. El dueño de casa prometió llevar 10 mil trabajadores al acto, que se desarrollará en avenida La Plata al 1500.

Pero los sectores más críticos al líder camionero no esperarán el llamado sentados. El miércoles próximo el gastronómico Luis Barrionuevo organizará en su casa de Mar del Plata el asado con que suele agasajar todos los años a sus aliados. El ex diputado nacional contará allí con la presencia estelar de Eduardo Duhalde y de sus colegas de la CGT Azul y Blanca. Y cruza los dedos por tener entre sus invitados a alguno de los Gordos de la CGT oficial.

Más allá de los pronunciamientos políticos, el almuerzo servirá como caja de resonancia del reclamo que Barrionuevo también comparte por el manejo del FSR. En este caso la demanda es la misma que la de Moyano y sus aliados. Pero con un agregado: los opositores al camionero temen que si el Gobierno finalmente decide liberar los recursos, el propio jefe de la CGT será el encargado de distribuirlos, como ocurre en la actualidad con la APE.

Para desactivar ese temor en el Gobierno adelantaron el compromiso de que el fondo quedará a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

El jefe de ese organismo es Ricardo Bellagio, un técnico alineado con el ministro de Salud, Juan Manzur, y visto como neutral por los sectores en pugna dentro de la CGT. El funcionario es el encargado de reformular el decreto que deberá firmar Cristina en caso de decidirse por hacer la principal concesión a los gremios durante su mandato.

El superintendente les confió a sus colaboradores que, para quedar al margen de toda suspicacia, procurará “blindar” el Fondo Solidario de tal modo que los sindicatos sólo podrán utilizarlo para mejorar las prestaciones médicas de sus obras sociales.

 

Fuente: Critica Digital