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Presionan para tratar la emergencia de seguridad

Presionan para tratar la emergencia de seguridad

 

PEDIDO ANTI K EN EL SENADO

El plan prevé fondos a las provincias para educación, seguridad e infraestructura, capacitación laboral y reinserción para chicos y jóvenes.

El final del ciclo legislativo 2009 en el Senado, abocado al tratamiento del proyecto de reforma política, no pudo escapar a los reclamos de seguridad que vienen copando las calles. En sintonía, desde el peronismo disidente presionan para sumar una última sesión la semana próxima y declarar la “emergencia en materia de seguridad ciudadana”, lo que viene acompañado de una serie de medidas que deberían empezar a implementarse desde el Poder Ejecutivo. Pero el oficialismo, hasta ahora, no dio señales de acceder al pedido.

El expediente 3315/09 ya tiene la firma de nueve senadores. Se intentó en la sesión de este miércoles tratarla sobre tablas, pero no consiguió los dos tercios necesarios y la moción se cayó. Si, en cambio, logró que el bloque mayoritario levante la mano y apruebe la preferencia para ser debatido en la próxima sesión. El problema, es que no se sabe cuándo será.

La presidenta Cristina Kirchner extendió las sesiones ordinarias hasta el 10 de diciembre, pero en la Cámara Alta se daba por descontado que la de este miércoles sería la última sesión del año. En el PJ anti K, además, son poco optimistas para que el bloque del Frente para la Victoria acepte un último debate el miércoles 9, un día antes de la asunción de los nuevos legisladores.

“Votaron la preferencia porque no les quedaba otra, pero es muy complicado que acepten tratarlo antes de fin de año. Para ellos, la inseguridad no es un tema nacional, es un tema distrital”, analizaron en voz alta voceros del Interbloque Federal. Igualmente, aún faltaría la media sanción de Diputados, lo que hace complicado que la emergencia sea ley en 2009.

Hilda “Chiche” Duhalde es el principal motor del plan que prevé medidas inmediatas para atender algunos puntos sociales importantes que afectan la seguridad, enmarcadas en la declaración de la “emergencia en materia de seguridad ciudadana por el término de un año”.

A diferencia de algunos planes contra la inseguridad –como el de Daniel Scioli en la provincia- que prevén ampliar las penalizaciones a los delitos o distintos avances en sanciones, este proyecto –al que accedió Críticadigital- apunta principalmente a atacar los baches sociales que, finalmente, se transforman en caldo de cultivo para hechos de inseguridad o de violencia.

Por ejemplo, insta al Poder Ejecutivo, en un plazo de 30 días, a “realizar un censo nacional de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social”, a partir del cual conseguir datos concretos para “aplicar de inmediato programas de inserción –escolar y laboral- de jóvenes de entre 14 y 25 años, que no estudien ni trabajen y se encuentren en situación de riesgo”.

El mensaje que conlleva la iniciativa es un reclamo al Estado nacional para que intervenga contra la inseguridad y no deje el asunto en manos de las gobernaciones y los municipios. Uno de esos aspectos, es la financiación. Por eso la necesidad de asistir a las provincias “con los fondos necesarios para que puedan desarrollar y aplicar eficaz e integralmente la ley nacional de educación; y los planes de abordaje integral de la seguridad aprobados por sus autoridades competentes”. Y aclara, específicamente, que estos fondos deben ir por fuera de los enviados por coparticipación y que no serán reintegrables.

 

Fuente: Crítica Digital

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